Para incentivar el uso de la Ley de Donaciones Culturales en el empresariado maulino, contadores y encargados de finanzas se dieron cita el miércoles en el segundo Seminario de Responsabilidad Social Empresarial, organizado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. En la jornada, diversos panelistas relataron su experiencia en torno a este beneficio legal y entregaron directrices de su utilización.

La jornada se desarrolló en el auditorio de la Asociación de Industriales del Centro (Asicent). Entre los expositores estuvo el gerente de Administración y Finanzas de Coexca, Maximiliano Gallegos, el contador general Eusebio Contreras y el productor artístico del Centro Cultural Al Margen, Carlos Fuentes. Los asistentes discutieron en torno a la responsabilidad social empresarial y las especificaciones técnicas de la conocida “ley Valdés”.

“Quisimos dar una mirada técnica en esta primera parte del seminario, convocando sólo a contadores y encargados de finanzas. Sin embargo, en las próximas semanas lo extenderemos a los empresarios para profundizar en la utilización de este beneficio tributario y, a la vez, conozcan gratas experiencias en torno a su uso. Como Consejo de la Cultura estamos interesados en que las empresas maulinas se comprometan con el desarrollo del arte y la cultura local”, manifestó la directora regional (s) de Cultura, Carolina Sepúlveda.

Beneficios

La Ley de Donaciones Culturales es un mecanismo legal que estimula la intervención privada en el financiamiento de proyectos artísticos y culturales. No obstante, no sólo apunta a poner a disposición de la cultura nuevas formas de financiamiento, sino que también ayuda a asegurar un acceso regulado y equitativo, en beneficio a la más amplia gama de disciplinas, actividades, bienes y proyectos artístico-culturales.

Este cuerpo legal establece para el país un nuevo modo de financiar la cultura, en el que el Estado y el sector privado participan por igual en la calificación y el financiamiento de los proyectos que se acogen a este beneficio. De este modo, la administración fiscal aporta un 50% del financiamiento, mediante un crédito equivalente a la mitad de la donación, lo que en la práctica significa una renuncia del Estado al cobro de esta parte del tributo. En tanto, las empresas privadas o los particulares deben aportar de su propio patrimonio el 50% restante de la donación.

Para que un proyecto cultural sea financiado mediante esta ley debe ser presentado a la Secretaría Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones Culturales, instancia encargada de evaluar, autorizar y extender certificados de donaciones a las instituciones interesadas. Debe incluir el nombre del beneficiario, los objetivos de la organización y una reseña de actividades, entre otras formalidades.