Editorial Boletín Yákush N°3.

El pasado miércoles 16 de agosto, en su tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cumplida esta etapa, restaría la aprobación de normas específicas de parte del Tribunal Constitucional, para que luego de la toma de razón por la Contraloría, la Presidenta Michelle Bachelet firme la promulgación oficial de la nueva institucionalidad cultural del país.

Con la creación del nuevo ministerio, no sólo se cumple el principal compromiso del actual gobierno en materia de cultura, sino que, en lo específico, se consolida un proceso en el cual los pueblos originarios han ocupado un importante y decisivo rol. En efecto, más allá de la creación del actual Departamento de Pueblos Originarios, así como el nombre del nuevo ministerio, algunos de sus principios y mecanismos de participación que conformarán la estructura ministerial, tienen directa relación con los acuerdos suscritos entre el Consejo de la Cultura (CNCA) y un conjunto de organizaciones indígenas de todos los pueblos a nivel nacional, al finalizar el proceso de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que llevó a cabo la institución entre 2014 y 2015.

De esta forma, en el articulado aprobado figuran principios como el de la diversidad cultural y de reconocimiento cultural de los pueblos indígenas. Funciones y atribuciones tales como la de promover y colaborar en el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural indígena; estimular y contribuir al conocimiento, valoración y difusión de las manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes y el fomento de la interculturalidad; y velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia cultural, artística y patrimonial. Además, establecer una vinculación permanente con el sistema educativo formal en todos sus niveles, coordinándose para ello con el Ministerio de Educación, con el fin de dar expresión a los componentes culturales, artísticos y patrimoniales en los planes y programas de estudio y en la labor pedagógica y formativa de los docentes y establecimientos educacionales. Además, en este ámbito, se deberán fomentar los derechos lingüísticos.

Por su parte, el nuevo ministerio incorpora tres consejos ciudadanos en los cuales habrá participación indígena. En primer lugar, el Consejo Asesor Indígena con representación de todos los pueblos indígenas, destinado a asesorar directamente al ministro (a); el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que contará con dos representantes indígenas a nivel nacional, por último, los Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con un representante indígena en cada uno de ellos.

Sin embargo, mucho más allá de la estructura formal de la nueva institución, es importante destacar la intrínseca relación, como resultado de procesos participativos abiertos en 2014 y que la institución ha mantenido vigentes desde entonces. La concreción de todos estos mecanismos de participación indígena – los actuales y futuros – por una parte, demuestran la plena viabilidad de construcción de una política pública bajo ese enfoque y, por otra, que para que esa política se pueda sostener y proyectar en el tiempo, requiere de una constante renovación de esos mecanismos en un diálogo honesto y de buena fe entre un servicio público y las organizaciones indígenas. Ese es uno de los principales desafíos de la nueva institucionalidad cultural.