Institucional / Tarapacá PUBLICADO EL 08 NOVIEMBRE, 2017 Consejo Regional de Tarapacá aprobó Política Regional 2017-2022

  • El documento aprobado fue confeccionado por medio de un proceso participativo de discusión y reflexión en distintas instancias. Además, está orientado a partir de los enfoques de derecho y territorio.

Los consejeros de cultura de Tarapacá aprobaron la Política Regional 2017-2022, presentada por la directora del Consejo de la Cultura, Milisa Ostojic Soto. El documento fue elaborado participativamente, incluyendo instancias como las convenciones regionales.

Esta política busca impulsar el desarrollo cultural de la región, teniendo a las personas como foco central de la actividad pública, promoviendo un rol activo con líneas y estrategias de trabajo acordes a las necesidades del territorio. Este cuerpo de medidas, que se aprobarán en todas las regiones del país, serán insumos para la creación de la Política Nacional 2017-2022.

“Ante la inminente puesta en marcha del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, las políticas regionales son orientadoras en el quehacer de la nueva institucionalidad. Se realizaron con enfoques de derecho y territorio, el primero como un derecho que debe ser garantizado por el Estado tanto en el acceso como en el involucramiento de todos y todas. El enfoque territorial busca que la ciudadanía influya y proponga activamente líneas de trabajo para las acciones públicas que se desarrollan en su territorio”, declaró Milisa Ostojic.

La directora recalcó que la política se sostiene en los pilares de la mirada territorial, la participación ciudadana, la intersectorialidad y el compromiso de seguimiento para asegurar que las medidas acordadas se cumplan. Finalmente, la autoridad señaló que es importante que la ciudadanía sienta estas políticas como propias «ya que son parte de un trabajo colectivo, que trasciende a los gobiernos de turno ya que tienen un desarrollo durante cinco años».

Las Políticas Culturales son un conjunto de orientaciones y decisiones que el Estado -con la participación de organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios- diseña y ejecuta con la finalidad de facilitar la consecución de objetivos considerados necesarios o deseables en el ámbito de la cultura en general o respecto de un sector cultural o disciplina específica.