Opinión: La elevación de los chilenos

Columna de Opinión de Magdalena Aninat, publicada en Revista Qué Pasa.

Mientras ganan premios y reciben encargos en Europa y Estados Unidos, a los arquitectos más talentosos de Chile les ha faltado un gran cliente: el Estado. ¿Estamos exportando o fomentando la fuga?

Hace unos años se catalogaba de “fenómeno” la atención que la arquitectura chilena lograba en la prensa especializada mundial. Sin embargo, el verdadero boom estaba aún por venir. Un reciente titular del Financial Times grafica bien el fenómeno que ahora sí ha generado la arquitectura chilena en el mundo: “Chilean architects gain global recognition”. A este reconocimiento global que mencionaba el diario, reflejado en recientes premios, se ha sumado la multiplicación de encargos que varios arquitectos locales han recibido en Estados Unidos, Europa y Asia.

¿Cuánto de ese talento está quedando en nuestras ciudades?

Países como España y Colombia, que también tienen arquitectos en las ligas internacionales, han entendido que la edificación pública no sólo puede generar innovación e incluso reconocimiento, sino también mejores entornos urbanos por el destino y uso que tienen las obras con financiamiento fiscal. Y lo han hecho promoviendo y regulando la práctica del concurso público, con jurados de calidad y procesos abiertos a nuevas generaciones, en los distintos tipos y escalas de proyectos, entendiendo las ventajas que generan para promover la transparencia y ampliar el espectro de posibilidades de elegir proyectos de calidad.

Hay un caso ejemplar: Smiljan Radic, el arquitecto chileno que este año diseñó la Serpentine Gallery en Londres, fue también el ganador de los concurso públicos de diseño para la Torre Antena Santiago y, en 2011, para el Teatro del Biobío, en Concepción. Pero es una excepción. Salvo casos emblemáticos, la mayor parte de la arquitectura reciente financiada por el Estado ha sido reticente a aprovechar el talento que el mundo nos está diciendo que tenemos.

En Chile, la actual normativa pública regula a la arquitectura como una “prestación de servicios”.  Si bien existe el concurso como sistema voluntario para casos especiales, lo deja fuera del sistema general de ChileCompra dejando en la práctica que predomine la convocatoria de licitaciones donde rige el criterio meramente presupuestario y el arbitrio de comisiones evaluadoras de funcionarios técnicos. En la lógica de inaugurar en los cortos períodos de gobiernos o edilicios, se ha multiplicado el uso de licitaciones para “contratos de ejecución de obras por sistema de pago contra recepción” (“llave en mano”), reguladas por el decreto número 108 del MOP, donde los concurrentes son constructoras y los arquitectos, mera parte del equipo. Con ello se compromete el cumplimiento de plazos y presupuestos (aunque muchas veces se ven sobrepasados), pero no se valoriza el aporte o desmedro que la obra realizará al entorno urbano. La sensación de oportunidad perdida puede ser dramática en ciudades de escala media donde se trata de la única inversión pública que el Estado ha hecho en décadas. Los nuevos tribunales de garantía que se construyeron a partir de la reforma procesal penal a lo largo de Chile, principalmente bajo el sistema de licitaciones públicas, son reflejo de ello.

Para evitar que la exportación de nuestros arquitectos se transforme en una fuga de capital humano ahí donde más valor pueden generar a nuestras ciudades, tanto la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano como la Política Cultural en Arquitectura que impulsa desde el año 2011 el Consejo de la Cultura, están proponiendo volver a la práctica del concurso público como mecanismo para atraer a arquitectos consagrados y emergentes. Teniendo el talento, es absurdo desperdiciar la oportunidad de que diseñar un edificio de servicio público signifique también construir ciudad y nuestro futuro patrimonio.

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