Esta publicación consolida uno de los capítulos más importantes para Chile en materia cultural. Se trata de un proceso que se inicia en el año 2014, cuando recién asumida la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, el Ejecutivo encargó al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la misión de formular una indicación sustitutiva al proyecto de ley que crearía el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
En busca de una cohesión en la planificación cultural a nivel nacional, capaz de incluir la diversidad cultural existente en Chile, el Ejecutivo decidió someter el borrador de la indicación sustitutiva a un proceso de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, según los estándares establecidos por el Convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado internacional ratificado por el Estado de Chile desde el 2009.
El principio rector de esta resolución fue justamente la necesidad de escuchar e incorporar la mirada de los pueblos indígenas en cuestiones que les eran de directa incidencia y enmendar la carencia de participación ciudadana, reafirmando con ello el carácter que ha sido el sello distintivo de la gestión histórica y corporativa del actual Consejo de la Cultura.
A partir de ese momento se dio inicio a un proceso a nivel nacional de gran envergadura y un desafío para la estructura institucional del Consejo. Fueron convocadas un conjunto de organizaciones representativas de los nueve pueblos indígenas reconocidos oficialmente en Chile, además de representantes del pueblo chango de la zona costera de la Región de Atacama y la comunidad afrodescendiente de la Región de Arica y Parinacota, invitada en razón de la extensa relación de trabajo en conjunto establecida por esta con el Consejo de la Cultura y por calificar como pueblo tribal, según plantea el propio Convenio n° 169.
El proceso se extendió por cerca de diez meses, de los cuales más de la mitad fueron de reuniones de discusión y trabajo conjunto entre los representantes indígenas y el Consejo (510 reuniones en total), desplegadas en las 15 regiones del país, además del territorio de Rapa Nui, sumando un total de 2.051 organizaciones y 11.188 asistencias consignada en actas.