A partir de la recuperación de la democracia, el Estado chileno empezó a dar una serie de pasos en materia de política cultural. Sin embargo, hay una historia de hechos, leyes y de iniciativas que nos anteceden.
La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, además del Consejo de Monumentos Nacionales, son organismos de larga data, y cuya creación a principios del siglo XX dieron origen a la creación de institucionalidades estatales dedicadas a la cultura.
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)
El Consejo de Monumentos Nacionales fue creado en 1925 por el Decreto Ley N° 651 del 17 de octubre de ese año. Esta normativa rige hasta 1970, cuando se promulga la nueva Ley de Monumentos Nacionales, en vigencia hasta nuestros días.
Entre 1925 y 1970, el quehacer del CMN fue más restringido, tanto en sus ámbitos de acción (monumentos históricos, monumentos públicos, las excavaciones arqueológicas y el registro e inscripción de museos), como en el número de consejeros. Con la Ley de Monumentos Nacionales del año 70, aumentó de forma considerable el número de bienes protegidos, pero recién en 1994 la institución comienza a consolidarse con la creación de una Secretaría Ejecutiva. El 2003, el CMN inaugura su propia sede y desde el 2006 ha aumentado significativamente su presupuesto, lo que permitido desarrollar acciones específicas sobre los monumentos nacionales, especialmente aquellos que requieren actuaciones de emergencia para garantizar su integridad.
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM)
La DIBAM se creó el 18 de noviembre de 1929 con el objetivo de reunir a diez destacadas instituciones culturales que se habían formado desde el nacimiento de la República para conservar las principales colecciones bibliográficas, culturales, artísticas y científicas del país: Biblioteca Nacional (1813), Museo Nacional de Historia Natural (1830), Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso (1873), Museo de Historia Natural de Valparaíso (1878), Museo Nacional de Bellas Artes (1880), Archivo Nacional (1887), Museo de Historia Natural de Concepción (1902), Museo Histórico Nacional (1911), Museo de Talca (1925) y el Registro Conservatorio de la Propiedad Intelectual (1925).
Hasta ese momento, estas instituciones funcionaban de manera autónoma, por lo general descoordinadamente y carecían de una política común que regulara su gestión, definiera sus tareas y planificara su desarrollo. Además, su creación también responde al contexto mundial de crisis económico y la consecuente necesidad de mejorar la administración de los recursos públicos.
La institución, dependiente del Ministerio de Educación Pública, tenía como principales objetivos dar a sus servicios dependientes una “estructura de coordinación, armonía, y concordancia exigida por la misión cultural a que están llamados”, fijar las funciones de cada establecimiento y las relaciones entre sí.
Con el tiempo se ha ido modificando el área de sus atribuciones y se le han agregado tareas especializadas como la conservación y restauración, la investigación del patrimonio cultural tangible e intangible. También se han sumado nuevas instituciones y programas como la Biblioteca de Santiago y el programa Biblioredes.
Hitos en el proceso
- En marzo de 1990, el gobierno del Presidente Patricio Aylwin (1990-1994) convocó a una Comisión Presidencial para atender la confección de un diagnóstico de la realidad cultural chilena. La instancia fue presidida por el sociólogo Manuel Antonio Garretón, y tuvo como misión fundamental elaborar una propuesta para la creación de una nueva institucionalidad cultural en el país.
- En esa época las instituciones que tenían responsabilidad y administración de recursos públicos en materias culturales eran el Ministerio de Educación (a través de la División de Cultura, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumento Nacionales, la División de Extensión Cultural, el Consejo de Calificación Cinematográfica), así como también el Ministerio Secretaría General de Gobierno, con su Secretaría de Comunicación y Cultura; el Ministerio de Obras Públicas y su oficina de Monumentos Nacionales de la Dirección de Arquitectura; el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Dirección de Asuntos Culturales. Vista esa realidad, la Comisión Garretón fue enfática en señalar que “no existe en el sector público un interlocutor institucional para los asuntos de la comunidad artística y cultural”.
- Es así como la propuesta de creación de un Consejo de la Cultura, concebido como un servicio público autónomo y descentralizado, dependiente directamente del Presidente de la República y cuya autoridad máxima tuviese rango de ministro.
- La Comisión Garretón identificó cinco problemas centrales de la orgánica cultural chilena: la dispersión administrativa, la escasez de recursos, la carencia de políticas y de un marco jurídico adecuado, la deficiente formación de los recursos humanos involucrados y la descoordinación con otros agentes relevantes. Se planteó entonces que la nueva institucionalidad debía concentrar las funciones que en materia cultural realizaban diversas reparticiones del Estado, potenciar el desarrollo cultural vinculando al patrimonio con el fomento a las artes, ofrecer canales de comunicación con el Estado y contar con los recursos y la capacidad de decisión necesarios para contribuir al desarrollo en esta materia.
- Además, la Comisión Garretón planteó la necesidad de incrementar el presupuesto nacional para cultura, aspecto que sí se concretó poco después, con la creación (1992) del Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes (FONDART). Los cambios más significativos de comienzos de los 90 estuvieron dados por la aprobación de algunas leyes para el sector: Ley de Premios Nacionales (1992); Ley de Fomento del Libro y la Lectura, (Nº 19.227 de 1993); y la llamada Ley Valdés (Ley 985 de 1990), o Ley de Donaciones Culturales.
- Con este marco legislativo de fondo es posible vislumbrar que las condiciones para una intervención más activa del Estado en la promoción de las políticas culturales estaban dadas ya desde comienzos de la primera década del siglo. No sólo el Estado estaba legislando para el sector, sino que el gasto público se incrementaba año a año.
- El gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), convocó a una nueva Comisión Asesora Presidencial en materias artísticas y culturales. Bajo la coordinación de Milán Ivelic, con el propósito de “actualizar los diagnósticos y estudios de los demás sectores artístico culturales; estudiar políticas de fomento de las actividades artístico culturales; revisar la actual institucionalidad cultural y proponer un esquema de organización, acorde con el presente desarrollo del país».
- La instancia se constituyó en 1997 y culminó su trabajo con la redacción de un informe que sentenció que Chile estaba “en deuda con la cultura”. Fue de especial consideración para la Comisión Ivelic, recomendar la creación de un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- No obstante, en 1998 el Gobierno de Frei patrocinó una iniciativa que ingresó al Congreso como el primer Proyecto de Ley para crear una institucionalidad cultural, y que reemplazaba la figura del Consejo por la creación de una Dirección Nacional de Cultura y un Fondo de Desarrollo Cultural, con el propósito fundamental de “dotar a Chile de una moderna institucionalidad de apoyo y fomento a la cultura, en orden a potenciar la iniciativa de nuestros creadores y artistas y a poner la cultura al alcance de todos, fortaleciendo y mejorando la labor que le corresponde al Estado en favor del desarrollo cultural del país”.
- En el gobierno de Ricardo Lagos se avanzó finalmente en la oportunidad para fundir en un solo organismo (el actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) las que en aquella época eran competencias de los Ministerios de Educación (División de Cultura), Secretaria General de Gobierno (Secretaria de Comunicación y Cultura) y Relaciones Exteriores (Dirección de Asuntos Culturales).
- En noviembre del año 2000 se sustituye el proyecto de una Dirección Nacional de Cultura por la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes liderado por Agustín Squella, aprobándose la Ley N° 19.891 el año 2003. El proyecto contemplaba una dirección superior colegiada, además de la desconcentración territorial mediante Consejos Regionales de Cultura. Administrativamente depende del Ministerio de Educación, y tanto el Consejo Nacional como sus instancias regionales, están representadas por diferentes instituciones, organismos, academia y ámbitos artísticos.
- Respecto al ámbito de patrimonio, se le asigna a este nuevo organismo la facultad legal de contribuir a conservar e incrementar el patrimonio cultural de la Nación y se optó por establecer en la Ley N° 19.891, en su artículo 36, que la nueva institución coordinaría a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y al Consejo de Monumentos Nacionales a través de un decreto con fuerza de ley que debía dictar el Presidente de la República. No obstante ello, diversas circunstancias impidieron que en su momento se dictara este decreto, quedando sin efecto esta atribución.
- En julio del año 2003, la Ley 19.891 creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, cerrando el ciclo instaurador de las políticas culturales en Chile (Congreso Nacional, 2003).
- Ya instalado el CNCA se definió como un servicio público autónomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, pasando a representar un modelo peculiar en la institucionalidad del Estado, porque en su constitución integró la participación de algunas organizaciones de la sociedad civil en la designación de sus autoridades, dando origen a un Directorio Nacional.
- Con la creación el año 2003 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se dio un paso fundamental en avanzar como país en la promoción de las artes, la cultura y la participación ciudadana. Pero la estructura participativa en la definición de las políticas públicas culturales no logró superar la dispersión de competencias y de recursos sobre el ámbito cultural por parte del Estado.
- Al asumir el gobierno de Sebastián Piñera, en mayo de 2011 anunció la propuesta de ley para la creación de un Ministerio de Cultura y Patrimonio, buscando con ello terminar con la dispersión actual y unificando en un solo organismo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y el Consejo de Monumentos Nacionales.
- El 6 de mayo de 2013 se despacha el proyecto de ley que creaba el Ministerio de la Cultura y el Patrimonio e ingresa a la Cámara de Diputados para su tramitación.
- Con el gobierno de la Presidenta Bachelet, se revisa la iniciativa, y se plantea la elaboración de una Indicación Sustitutiva al proyecto antes presentado, con el objetivo de asegurar los debidos procesos de participación ciudadana y de agentes de las artes, las culturas y el patrimonio.
- Ya con esa misión se realiza un inédito proceso de Consulta Indígena con la participación de los nueve pueblos originarios y tribal afrodescendiente, quienes plasmaron sus visiones en el documento. Como resultado principal se determinó el nombre del proyecto que luego se fue trabajando y construyendo en mesas y encuentros con artistas, cultores, representantes de organizaciones culturales, instituciones, academia, gremios y sindicatos: el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
- El 17 de diciembre de 2015 la Presidenta de la República despacha la Indicación Sustitutiva, que se aprobó el 2 de agosto de 2016 en la Cámara de Diputados, tras pasar su proceso de tramitación en las comisiones de Cultura y de Hacienda.
- Luego de 5 sesiones en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, el 4 de enero se aprobó el proyecto en general, con la unanimidad de los votos en la Sala de la Cámara Alta. Finalmente, y nuevamente de forma unánime, el 16 de agosto del 2017 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto final para su posterior firma y promulgación por parte de la Presidenta de la República Michelle Bachelet.
