Proyecto de Ley del Patrimonio Cultural
Proyecto Ley de Patrimonio Cultural

El 17 de junio de 2019, el Gobierno ingresó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que actualiza la ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y modifica otros cuerpos legales con el objeto de modernizar la institucionalidad, actualizar las categorías de protección y otorgar una protección efectiva al patrimonio cultural en Chile mediante su identificación, conservación, puesta en valor, gestión y promoción. La propuesta fue ingresada a la Cámara de Diputados y se encuentra en primer trámite constitucional. Actualmente está siendo discutida en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones donde se están desarrollando audiencias públicas para escuchar los aportes y la visión de diversos actores y representantes de la sociedad. Descarga aquí Proyecto de Ley Patrimonio Cultural

 

Ejes del Proyecto de Ley

Visión integral del patrimonio cultural

Se propone superar la visión monumentalista de la actual legislación y transitar hacia una mirada integral que reconozca el dinamismo y la diversidad del patrimonio cultural, incluyendo también la dimensión inmaterial como las prácticas, saberes y las tradiciones. 

El actual Consejo de Monumentos Nacionales pasaría a ser el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, lo que implica cambios en su composición (integra el ámbito del patrimonio material e inmaterial), funciones, categorías de protección, entre otros. De este modo, el órgano colegiado amplía y actualiza su visión y campo de acción. Los Consejos Regionales del Patrimonio Cultural también integran el patrimonio material e inmaterial.

Se propone actualizar y sumar nuevas categorías de protección patrimonial para avanzar en el reconocimiento de la diversidad del patrimonio cultural en Chile. En esa línea se actualizan las categorías vigentes para incorporar otros valores y considerar la relación del bien cultural con el territorio y las comunidades. Asimismo, se propone la creación de la categoría de paisaje de interés cultural y sitio de memoria como categoría autónoma. Finalmente, se propone la inclusión y regulación del patrimonio cultural inmaterial. 

Regionalización de la toma de decisión

Uno de los principios fundamentales del proyecto de ley es la desconcentración de funciones para la gestión local del patrimonio. Actualmente los Monumentos Nacionales que se encuentran en el territorio están bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, un organismo técnico que toma todas las decisiones en Santiago.

Se propone superar la estructura centralista a través de la creación de Consejos Regionales del Patrimonio Cultural con carácter resolutivo en todos los ámbitos, tales como intervenciones, registros, planes de salvaguardia y de gestión patrimonial, supervigilancia. Lo anterior atiende la necesidad de presencia territorial y conocimiento de la realidad local, aspectos muy débiles y precarios en la labor centralizada del Consejo de Monumentos Nacionales. Al mismo tiempo, la desconcentración y distribución de funciones en los consejos regionales descongestionará y desburocratizará la gestión del órgano central.

Gestión para una protección y salvaguardia efectiva

Eje fundamental del proyecto es diseñar y promover las condiciones y herramientas para pasar de un paradigma de protección legal a uno de protección efectiva del patrimonio cultural. Los instrumentos existentes en la legislación chilena solo consideran su protección legal y normas puntuales que regulan su intervención, sin contemplar su gestión posterior derivada en acciones que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

En esa línea se propone asociar un plan de gestión patrimonial o plan de salvaguardia para los bienes culturales protegidos, según sean patrimonio material o inmaterial respectivamente. Asimismo se crea un sistema de compensaciones e incentivos para la conservación y proyección del patrimonio.

En materia de compensaciones, actualmente solo los monumentos históricos sin fines comerciales cuentan con exención en pago del impuesto territorial (contribuciones). El proyecto contempla ampliar esta exención a los inmuebles patrimoniales que estén destinados a actividades comerciales y a los destinados a museos inscritos en el Registro Nacional de Museos. En materia de incentivos, se plantean beneficios tributarios para personas naturales o jurídicas que realicen proyectos de mantención, rehabilitación, restauración o conservación en inmuebles patrimoniales de su propiedad. El beneficio consiste en la posibilidad de realizar estas inversiones y deducirlas como gasto necesario para producir la renta o deducirlas como crédito tributario, distinguiéndose entre el tipo de contribuyente. Para el caso de personas naturales se considera devolución por inversiones con tope de 320 UTM anuales. Además se plantean instrumentos para incrementar el Fondo del Patrimonio Cultural que administra el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, incorporando mecanismos asociados a la Ley de Donaciones Culturales.

Por otra parte, el proyecto contempla un título específico que regula procedimientos administrativos tanto para el patrimonio cultural material como para el inmaterial, estableciendo plazos específicos para cada etapa, todo ello en resguardo del principio de certeza jurídica y propendiendo a una mayor agilidad y transparencia. La actual estructura centralista en el funcionamiento del Consejo, sumado a la inexistencia de plazos legales y la baja dotación de funcionarios, genera lentitud en los tiempos de respuesta y, en definitiva, ineficiencia en la gestión efectiva del patrimonio. Un ejemplo de lo anterior son las 540 solicitudes de declaratoria que el Consejo de Monumentos Nacionales mantiene pendientes a la fecha. Al mismo tiempo, el año 2018 se registraron a lo largo de todo el país cerca de dos mil cuatrocientas treinta solicitudes de intervención respecto de las cinco categorías protegidas por la ley N° 17.288, cuya tramitación no cuenta con la celeridad que se requiere. En esta línea el proyecto también contempla un reforzamiento de los equipos técnicos regionales.

El proyecto propone también reforzar la legislación para enfrentar casos de tráfico ilícito y daño al patrimonio cultural protegido. Al respecto se plantea la creación de un Inventario del Patrimonio Cultural en Chile que sea de acceso público, la incorporación del delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales en la legislación,  y aumentar las multas daño al patrimonio cultural e infracciones a la ley en esta materia.

 

 

Audiencias en el Congreso para aportar a la discusión parlamentaria

 

 

 

 

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